El Tribunal Supremo Electoral (TSE) manifestó su preocupación por la admisión de una acción de cumplimiento por parte de la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz, que, según el organismo, vulnera principios electorales fundamentales como la preclusión y el pluralismo político, además de interferir en las atribuciones constitucionales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

La acción judicial cuestiona la participación de candidatos que actualmente ejercen cargos electivos en las Elecciones Generales del 17 de agosto, alegando que el TSE habría omitido aplicar la causal de inelegibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 238 de la Constitución Política del Estado (CPE). Sin embargo, el TSE recordó la vigencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional N.º 0032/2019, que establece que dicha causal solo aplica a autoridades designadas y no a las electas, aclarando así un punto clave para la interpretación de la norma.

En su pronunciamiento, el TSE subrayó que la admisión de esta acción representa una vulneración a la preclusión, principio que busca brindar seguridad jurídica a electores y candidatos evitando la presentación reiterada de recursos judiciales que puedan paralizar el proceso electoral. Asimismo, alertó sobre el riesgo que implica para el pluralismo político y la institucionalidad democrática que se intervenga en las competencias exclusivas del Órgano Electoral.

El organismo electoral también invocó el compromiso asumido por el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) durante el IV Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, realizado recientemente en Santa Cruz. En dicho encuentro se ratificó la necesidad de garantizar los derechos políticos de votantes, candidatos, partidos y autoridades electorales, con miras a asegurar la realización transparente y efectiva de los comicios generales.

El TSE reafirmó su compromiso para que las elecciones del 17 de agosto se desarrollen en un marco de legalidad, respeto a los derechos políticos y estabilidad institucional, haciendo un llamado a todos los actores políticos y judiciales a respetar las competencias y resoluciones establecidas para evitar la judicialización excesiva que pueda afectar el proceso electoral y la voluntad popular.