La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, llegó la tarde de este miércoles a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz para verificar si el expresidente Luis Alberto Arce Catacora se encontraba en ese lugar, luego de que fuera arrestado en la zona de Sopocachi bajo circunstancias que calificó como irregulares.

Prada sostuvo que la intervención policial se realizó sin notificación previa ni citación fiscal. Aseguró que el exmandatario fue interceptado cuando se dirigía a recoger a un familiar y que, según testigos, fue obligado a subir a un minibús con vidrios polarizados sin que se le presentara una orden judicial. “No lo han convocado, no lo han notificado; simplemente lo han agarrado y lo han subido a un minibus. Es un accionar totalmente irregular”, afirmó.

La exministra indicó que algunos ciudadanos lograron grabar parte del momento en que Arce era introducido al vehículo, aunque admitió que todavía desconoce su paradero exacto. “Por llamadas nos dijeron que podría haber sido trasladado a la Felcc, pero aún no está confirmado”, declaró mientras ingresaba a la unidad policial.

Consultada sobre posibles citaciones previas, Prada señaló que no tenía conocimiento de ninguna convocatoria reciente y recordó que, en el caso del Fondo Indígena —posible motivo de la aprehensión—, Arce presentó toda la documentación de descargo cuando era ministro de Economía, además de someterse a una interpelación pública. “Él siempre estuvo dispuesto a declarar. Nunca se escapó del país; seguía dando clases en la universidad y realizando sus actividades con normalidad”, dijo.

Prada insistió en que, por su condición de expresidente, cualquier proceso debería tramitarse mediante un juicio de responsabilidades. “Lo que han hecho no tiene ningún procedimiento legal. Es un abuso completo”, cuestionó.

Agregó que su intención es reunirse con Arce para conocer su estado y coordinar su defensa. “Él es inocente; quienes tenemos la conciencia tranquila no tenemos por qué escondernos. Lo primero es saber dónde está y asegurar que no se vulneren sus derechos”, manifestó.

Finalmente, advirtió que el operativo constituye un serio precedente. “Estamos en democracia y los procedimientos deben respetarse. Si hay casos que investigar, que se investiguen, pero conforme a ley”, enfatizó.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Policía ni el Ministerio Público habían emitido un informe oficial sobre los motivos de la detención ni sobre la situación jurídica del exmandatario.