Una periodista fue violentamente agredida el pasado miércoles 20 de agosto en el set del canal “Teleor Canal 15” de Oruro, mientras se preparaba para iniciar su programa informativo. El agresor fue inmediatamente detenido por la Policía y ahora se encuentra bajo custodia mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

La víctima, identificada como Marcela C. T. fue sorprendida cuando el agresor, identificado como Omar V. F., irrumpió en el estudio y la golpeó brutalmente en la cabeza, provocando que cayera al suelo. Las cámaras del programa “El Primero” captaron el incidente, y el personal del canal logró impedir que el ataque continuara, inmovilizando al agresor hasta la llegada de la Policía.

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, condenó el hecho y exigió justicia para la periodista. En sus redes sociales, explicó que el agresor fue conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para iniciar el proceso legal por el delito de acoso sexual. Además, solicitó la activación inmediata de las medidas de protección contempladas en la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia.

Se informó que el agresor tenía antecedentes de acoso hacia la comunicadora, habiéndole ofrecido flores y presentes en reiteradas ocasiones, los cuales fueron rechazados por Cruz. Además, el mismo hombre habría acosado a otra periodista, I. T, de Cadena A, a quien persigue en la vía pública con insultos y amenazas de agresión física.

Las organizaciones periodísticas nacionales, como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP), manifestaron su solidaridad con Marcela Cruz y exigieron a las autoridades de Oruro que realicen una investigación rápida, profunda y transparente. Asimismo, pidieron que se apliquen las sanciones más estrictas conforme a la Ley Nº 348 para enviar un mensaje claro de que la violencia contra las mujeres y periodistas no será tolerada.

Finalmente, hicieron un llamado urgente para que se activen los mecanismos de protección necesarios, con el fin de salvaguardar la seguridad de la víctima y su entorno familiar y laboral.