Tras los hechos de violencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con la toma y quema de instituciones, las organizaciones sociales pidieron al Gobierno determinar un estado de excepción y que se inicien las investigaciones correspondientes por los hechos ocurridos.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, lamentó lo ocurrido y cuestionó que, a título de un «paro pacífico» solo se busquen «intereses personales» de parte del gobernador cruceño, Fernando Camacho, y el presidente cívico, Rómulo Calvo
Sospechó que con los enfrentamientos y actos de violencia en la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, se pretenda gestar un golpe de Estado como lo ocurrido en 2019, durante la crisis política y social que atravesó el país.
Por ello, Huarachi pidió al Gobierno «convocar a un estado de excepción» en el departamento de Santa Cruz y así poder comenzar con la investigación contra los autores de los «actos violentos de racismo y discriminación».
