Las organizaciones sociales de Concepción, mediante un pronunciamiento en conjunto, dan plazo de 48 horas, a partir de hoy para que el Comité Cívico levante el bloqueo de carretera y el paro, «por afectar a la economía de la gente que vive del día a día».
«Caso contrario, las organizaciones sociales y ciudadanos tomarán medidas de rebeldía contra esos grupos de poder del municipio de Concepción», señala el documento.
La Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC); la Central Única de Campesinos; la Federación de Comunidades Interculturales, Mujeres Interculturales, comunidad indígena ayorea Zapocó, Bartolinas, autotransporte y gremiales, entre otros, hicieron público un voto resolutivo.
En el primer punto, señalan que están de acuerdo con la realización del censo de población y vivienda, pero de acuerdo a la decisión de la mayoría de los departamentos y en base a informe técnico.
También rechazan los actos de racismo, discriminación, amenzas y agresiones que habrían sido provocadas por el movimiento cívico y el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez (Daniel Velásquez).
«Repudiamos las agresiones a las mujeres en todo sentido, físico, sicológico, sea de cualquier etnia o raza, ya que están protegidas por la Ley 348», dice otro parágrafo.
Las organizaciones sociales, igualmente piden a la autoridad del Magisterio de Educación Distrital, que se reinicien las labores escolares, «porque se está perjidicando a nuestros niños y jóvenes de Concepción».
El pronunciamiento fue anunciado por Margarita Cambará, cacique de la Cicc; Ronald Quiroga, ejecutivo campesino; Arturo Torrejón, dirigente intercultural; Rita Pinto, ejecutiva de mujeres interculturales; Santiago Picaneray, en representación de la comunidad ayorea y Ronald Cuasace de la Cicc.
Cambará dijo que la situación es insostenible para las personas que no ganan un sueldo y que su alimentación depende del trabajo diario.
Ronald Quiroga, por su parte, indicó que los bloqueadores no deberían obligar acatar la medida cerrando tiendas y amedrentando a la gente.
El dirigente agregó que la lucha por el censo se politizó desde el momento en que acusaron falsamente a dirigentes de organizaciones de promover la movilización de indígenas ayoreos.