
El aspirante a la Gobernación cruceña denunció un «atentado al derecho democrático» tras la anulación de la personería de ADN y apuntó contra el Gobierno y Luis Fernando Camacho.
En medio de una creciente incertidumbre electoral, el concejal y candidato a la Gobernación, Juan Carlos Medrano, aseguró que su postulación continúa firme a pesar de la reciente crisis jurídica que atraviesa la sigla Acción Democrática Nacionalista (ADN).
«Sigo en carrera electoral»
Medrano fue enfático al señalar que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que confirme su inhabilitación. «No fui notificado, sigo siendo candidato», declaró ante los medios, restando validez inmediata a los reportes que circulan sobre la caída de su plancha electoral.
La controversia surge tras un instructivo del TSE al Tribunal Departamental de Santa Cruz, el cual ordena la anulación de la personalidad jurídica de ADN y, por consiguiente, la inhabilitación de todos los candidatos de la alianza ADN – SAO. Según Medrano, esta medida no solo los deja fuera de competencia, sino que les prohíbe explícitamente migrar a otros partidos políticos, lo que calificó como una privación flagrante de su derecho a participar en las elecciones subnacionales.
Duras críticas al TSE y a la gestión nacional
El candidato no ahorró críticas hacia las autoridades electorales y políticas:
- Contra Luis Fernando Camacho: Medrano lamentó las acciones del gobernador electo (actualmente en Chonchocoro), sugiriendo una supuesta intervención en el proceso para debilitar candidaturas opositoras.
- Sobre la independencia del TSE: Afirmó que el Tribunal Electoral se encuentra «amordazado». Cuestionó que el actual presidente, Rodrigo Paz, haya ratificado a Gustavo Ávila como presidente del TSE, recordando que este último fue designado originalmente durante la gestión del expresidente Luis Arce.
Batalla legal en puertas
Como medida de resistencia, Medrano anunció que su equipo jurídico presentará amparos constitucionales para frenar lo que considera una arbitrariedad administrativa. «Vamos a defender el derecho de los ciudadanos a elegir», sostuvo, asegurando que agotará todas las instancias legales para que su nombre permanezca en la papeleta de sufragio de marzo de 2026.








