El Gobierno anunció este martes el retorno al régimen de precios para los derivados del petróleo, un esquema que no se aplicaba en Bolivia desde hace 28 años. La medida fue presentada por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Santa Cruz.

La autoridad explicó que la decisión está contenida en el Título VI del Decreto Supremo 5503, referido a la “Estabilización de precios, combustibles y energía”, y tiene como objetivo garantizar el abastecimiento de carburantes, evitar largas filas en los surtidores, preservar la estabilidad económica y ordenar el consumo.

“El objetivo del decreto es claro: asegurar el abastecimiento, evitar colas, preservar la estabilidad y ordenar el consumo”, afirmó Medinaceli, al aclarar que la norma introduce una metodología técnica para la formación de precios y no se limita a un simple ajuste fiscal. “No es solamente un incremento del precio; existe una lógica técnica detrás”, subrayó.

Según explicó, el decreto incorpora anexos técnicos que establecen precios de referencia, márgenes de comercialización y un nuevo esquema de relación entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los productores privados. En ese marco, anunció que se incrementará el precio que la estatal paga a los productores, lo que permitirá incentivar inversiones y elevar la producción de líquidos en aproximadamente un 11%.

Medinaceli también destacó que el retorno al régimen de precios tendrá un impacto positivo en la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que se traducirá en mayores recursos para gobernaciones, municipios y universidades. “Esto generará beneficios para los niveles subnacionales, tomando en cuenta que aún existe una producción importante de líquidos, especialmente de condensado”, señaló.

El ministro justificó la medida señalando que el actual esquema de precios congelados se volvió insostenible debido a la disminución de los ingresos por exportación de gas natural y al aumento sostenido de las importaciones de diésel. “El subsidio se hace insostenible porque los ingresos del gas comienzan a caer”, advirtió, al afirmar que el marco legal del sector fue diseñado en su momento “para cosechar y no para sembrar”.

Antecedentes históricos

Durante su exposición, Medinaceli realizó un repaso histórico de la política de precios de los combustibles en el país. Recordó que tras la hiperinflación de la década de 1980, Bolivia enfrentaba una profunda crisis económica y empresas públicas deficitarias, con excepción de YPFB.

En ese contexto, explicó que se aplicaban incrementos anuales al precio de la gasolina y el diésel como parte de una estrategia de estabilización económica. Posteriormente, en 1997, se intentó modificar ese esquema mediante el Decreto Supremo 24914, que introdujo un sistema de precios variables en función de referencias internacionales, dando lugar a los denominados “mini gasolinazos”.

Ese régimen fue suspendido en el año 2000, durante el cerco a la ciudad de La Paz, cuando el Gobierno decidió estabilizar los precios mediante acuerdos con las petroleras. Aunque en 2001 se intentó restablecer el sistema variable, la crisis política y social de los años siguientes impidió su consolidación.

Finalmente, Medinaceli recordó que en 2010 se intentó un ajuste significativo en los precios de los combustibles, el cual fue revertido en pocos días gracias a los elevados ingresos por exportación de gas en ese periodo. Sin embargo, señaló que ese escenario cambió de forma estructural a partir de 2015, lo que llevó a la actual decisión de retornar, después de casi tres décadas, a un régimen de precios con metodología técnica y referencias de mercado.