La justicia boliviana emitió una orden de aprehensión contra Armin Dorgathen, presidente de YPFB, en el marco de una investigación por presunto contrabando de combustibles. La denuncia fue presentada por la Aduana Nacional por un supuesto daño económico al Estado de 14 millones de dólares, relacionado con operaciones en Yacuiba y Tarija.
El fiscal Yeison Américo Plata Maldonado instruyó la medida el 8 de octubre, por el delito de Contrabando de Exportación Agravado (artículo 181 de la Ley 1053). Dorgathen también enfrenta un proceso en La Paz por presuntas irregularidades en la importación de combustibles a través de Botrading, filial de la petrolera estatal encargada de la compra de diésel y gasolina en el exterior.
La orden llega en un momento crítico para el país, marcado por escasez de combustibles. Desde el martes, las estaciones de servicio en Santa Cruz y otras ciudades reportan dobles filas de vehículos. Mientras Dorgathen asegura que la provisión alcanza entre el 70 y 80 %, gremios de surtidores advierten que los despachos reales varían entre 40 y 60 %, y algunas estaciones de provincia no han recibido programación de entrega para esta semana.
La situación genera un clima de incertidumbre para consumidores y productores, y pone en evidencia los retos de YPFB para garantizar el abastecimiento mientras se resuelven los problemas judiciales de su presidente.
