El Juzgado de Instrucción Primero de La Guardia, a cargo del juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, emitió este martes cuatro órdenes de aprehensión contra los exmagistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Gallardo, quienes formaban parte del grupo de autoridades que extendió su mandato más allá de lo permitido.

El juez dispuso que los señalados sean trasladados al módulo policial de La Guardia y posteriormente presentados ante su autoridad para continuar con el trámite de la acción popular.
La resolución señala que deben ser conducidos “a objeto de resolver la presente acción popular”.

A estas órdenes se sumó, al final de la jornada, la alerta migratoria activada por la Fiscalía de Sucre, debido a que los autoprorrogados enfrentan un proceso penal ya admitido y bajo supervisión judicial.

La jornada estuvo marcada por una seguidilla de fallos contra los cinco implicados. La primera acción popular, presentada en Potosí, ordenó su cese inmediato, el retiro forzoso de oficinas, el fin del pago de salarios y otras medidas administrativas.

Posteriormente, la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz emitió una segunda decisión que prohibió el ingreso de los magistrados y declaró sin validez cualquier acto emitido por ellos desde ese momento. El vocal José Manuel Gutiérrez Velásquez fue quien firmó esta resolución.

Más tarde, en el municipio de La Guardia, un tercer proceso de acción popular culminó con la emisión de las órdenes de aprehensión, intensificando la presión judicial sobre los exmagistrados.

La situación se enmarca en advertencias que ya habían sido formuladas el 6 de octubre, cuando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, instó a los prorrogados a renunciar o atenerse a las consecuencias. Finalmente, la vía judicial terminó imponiéndose.

Por ahora, solo se han emitido cuatro órdenes de aprehensión; Isidora Jiménez Castro aún no figura entre las personas con mandamiento activo.