La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra denunció este martes una presunta irregularidad judicial en el proceso por los predios del mercado Mutualista, calificando el hecho como un “asalto al patrimonio de los cruceños”.

De acuerdo con la versión municipal, la justicia ordenó al Ejecutivo entregar un certificado catastral y un plano de uso de suelo a favor del ciudadano Nelson Miguel Crapuzzi Dirienzo, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 531/24. Sin embargo, desde el municipio aseguran que Derechos Reales no reconoce a Crapuzzi como propietario del terreno en disputa, lo que haría “imposible” ejecutar la resolución.

El equipo jurídico de la Alcaldía cuestionó además los fundamentos de la decisión del Tribunal Constitucional, que habría tomado como referencia una “lámina sepia” sin valor legal, utilizada para sustentar la supuesta propiedad privada sobre los terrenos del mercado Mutualista.

“Estamos ante un proceso que no tiene base técnica ni jurídica sólida. Nos ordenan entregar bienes municipales a un privado que no acredita propiedad”, señalaron desde la Dirección Jurídica.

El alcalde Jhonny Fernández respaldó esa posición y remarcó que su administración no se niega a acatar la sentencia, pero sí exige que se respeten los procedimientos legales.

“No podemos entregar planos a alguien que no tiene documentos. Si lo hago, estaría cometiendo un delito. Aquí no se trata de incumplir, sino de cumplir la ley”, expresó el alcalde.

Fernández denunció además que el caso tiene un trasfondo político y aseguró que existen intereses particulares que buscan “presionar” a su gestión. Anunció que volverá a elevar el caso ante las nuevas autoridades nacionales, para exponer lo que calificó como una injusticia contra el pueblo cruceño.

La Alcaldía ratificó que los terrenos en cuestión pertenecen al dominio público y que no serán transferidos mientras no exista una acreditación legal de propiedad.

“El señor Crapuzzi no es propietario, nunca lo ha sido. La justicia está ordenando algo de imposible cumplimiento”, agregó el director jurídico municipal.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa abierto y la defensa municipal anticipó que insistirá ante las instancias superiores para frenar lo que considera una vulneración a los intereses del municipio.