Una nueva decisión judicial ha modificado el régimen de detención del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el proceso relacionado con el paro cívico de 36 días realizado en 2022. La medida fue emitida la tarde de este miércoles, a través de una audiencia virtual y establece la detención domiciliaria.
Según la resolución, además del arresto domiciliario, se impuso el arraigo y una fianza económica de 50.000 bolivianos. Estas medidas tienen como finalidad asegurar la permanencia del imputado en el país y su disponibilidad ante el llamado de la autoridad judicial.
El cambio de situación procesal generó reacciones inmediatas en Santa Cruz. En la plaza 24 de Septiembre, donde se mantenía una vigilia permanente, simpatizantes del gobernador celebraron públicamente la decisión tras conocerla en tiempo real.
Esta es la segunda resolución favorable que recibe Camacho en menos de 48 horas. El martes, otro tribunal determinó medidas similares en el caso “Golpe I”, por el cual también enfrentaba detención preventiva. En ese proceso, se estableció una fianza adicional de 100.000 bolivianos.
Ambos fallos representan un giro en el tratamiento judicial del gobernador, que desde diciembre de 2022 permanecía recluido en el penal de Chonchocoro. Si bien no implica una liberación total, el cambio le permite continuar con sus procesos desde su residencia, bajo vigilancia y restricciones específicas.
Fuentes cercanas al entorno de Camacho señalaron que se prevé su retorno a la capital cruceña en los próximos días, posiblemente el viernes, aunque el traslado estará condicionado por trámites judiciales y logísticos aún en curso.
