El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, recientemente extraditado desde Estados Unidos a Bolivia, enfrenta una compleja situación judicial y económica. Según informó su abogado, Jaime Tapia, el exministro no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los costos de las fotocopias requeridas para apelar los múltiples procesos que enfrenta, lo que ha paralizado su derecho a una segunda instancia.
“Don Arturo Murillo no va a tener derecho a una segunda instancia hasta que no pague él con sus propios recursos los testimonios y las copias que hay que sacar de estos expedientes. Son toneladas de hojas que hay que fotocopiar para remitir a las salas”, explicó Tapia.
El jurista detalló que cada proceso judicial cuenta con más de 20 cuerpos de expediente, lo que representa un gasto aproximado de 500 bolivianos por causa solo en fotocopias. “Murillo no tiene esos recursos. Apenas puede cubrir sus necesidades básicas diarias”, agregó.
Tapia lamentó que, pese a que el Ministerio de Justicia designó una defensa estatal, esta no haya sido efectiva para garantizar el derecho del exministro a apelar sus causas. “Estas apelaciones van a estar detenidas indefinidamente, el tiempo que al gobierno le plazca”, afirmó.
El abogado también reveló que Murillo atraviesa una situación económica crítica, sin empleo, vivienda ni bienes a su nombre, ya que su patrimonio fue anotado preventivamente. “Está en detención preventiva porque no tiene dónde vivir, no tiene trabajo ni recursos para cubrir siquiera los gastos procesales”, indicó.
Actualmente, Arturo Murillo permanece recluido en la cárcel de San Pedro, mientras sus procesos judiciales continúan avanzando lentamente. Su defensa insiste en que el Estado debería asumir los costos procesales, al ser la parte que impulsa las causas en su contra.
