LA PAZ – Con el objetivo de frenar la parálisis económica y la violencia en las carreteras, el diputado Carlos Alarcón (Alianza Comunidad Ciudadana/Unidad) presentó este lunes el proyecto de «Ley Antibloqueos». La iniciativa busca tipificar el bloqueo de vías como un delito penal y no como un derecho, estableciendo sanciones severas para promotores y ejecutores.

La propuesta legislativa introduce una escala de sanciones que varían según el grado de participación. Las penas oscilan entre los 10 y 20 años de privación de libertad, dirigidas específicamente a quienes:
• Promuevan, financien o instiguen el cierre de vías.
• Organicen grupos de choque.
• Ejerzan violencia criminal durante estas medidas de presión.

El diputado Alarcón aclaró que estas penas serán acumulativas con otros delitos que puedan cometerse de forma concurrente, como agresiones, daños a la propiedad o atentados contra la salud pública.
Un eje central del proyecto es la seguridad de las fuerzas del orden. La ley establece garantías para que efectivos policiales y militares no sean utilizados como «carne de cañón».
«El Gobierno estará obligado a dotar del equipamiento y armamento necesario a los efectivos para que puedan intervenir contra la violencia criminal sin arriesgar su vida ni su integridad corporal», explicó el legislador.

Para resarcir los daños económicos causados al país y a particulares, el proyecto introduce la responsabilidad civil solidaria. Esto implica que cualquier individuo que participe en un bloqueo podrá ser obligado a responder legalmente por el total de los daños económicos generados por la medida, independientemente de su nivel de jerarquía dentro de la organización del bloqueo.
Alarcón fue enfático al señalar que la norma debe aplicarse sin distinción de colores políticos ni motivaciones sociales. «Todos los bloqueos son delitos, vengan de donde vengan. Si persistimos en esta cultura de la violencia bajo el pretexto de reivindicaciones, el país va directo al desastre», advirtió.
La propuesta ahora pasará a las comisiones correspondientes de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su análisis y posterior debate en el pleno.