En los primeros diez días de su mandato, el presidente peruano José Jerí ha enfrentado una escalada de violencia, con al menos 54 muertes violentas, incluyendo la de un manifestante durante las primeras protestas contra su gestión, ocurridas cinco días después de asumir el poder tras la destitución de Dina Boluarte.
Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), entre el 10 y el 21 de octubre se registraron 54 homicidios, lo que equivale a uno cada casi cuatro horas. Las regiones más afectadas son Lima, con 22 casos, y La Libertad, con 10. Estas muertes forman parte de un total de 1.798 homicidios reportados en el país desde el 1 de enero, cifra que podría ser aún mayor.
La gestión de Boluarte finalizó tras meses de protestas por la inseguridad y el crimen, incluyendo un tiroteo en un concierto en Lima que dejó varios heridos, entre ellos músicos. Su salida se aceleró luego de estos hechos, que evidenciaron la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana.
Entre las primeras medidas de Jerí se encuentra el decreto de estado de emergencia en Lima y Callao, similar al aplicado por su antecesora. Sin embargo, la acción no ha logrado frenar los homicidios, incluyendo la muerte de un policía durante las primeras horas de vigencia del decreto.
A pesar del despliegue militar, los delitos como homicidios y extorsiones continúan en aumento, especialmente contra transportistas, quienes lideran las recientes protestas. Colectivos ciudadanos y grupos de oposición sostienen que la medida afecta el derecho a la protesta sin atacar las redes de extorsión, que operan principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Durante la gestión de Boluarte, los transportistas recibieron la recomendación de no atender llamadas de números desconocidos, aunque los críticos consideran estas acciones insuficientes frente a la magnitud del problema de seguridad.
