El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, denunció este martes la continuidad de los avasallamientos en el departamento, en particular en los municipios de Guarayos y Montero, y atribuyó estos hechos a grupos vinculados al Movimiento al Socialismo. Según sus declaraciones, los responsables serían colectivos como Interculturales, Bartolinas entre otros, que según el cívico operan como parte de una organización criminal dedicada a apropiarse de tierras y propiedades privadas.

“Es lamentable que los avasallamientos se sigan dando a estas alturas. Son los últimos coletazos del Movimiento Socialismo. Estos grupos buscan entrar a predios privados, y obtienen información con la colaboración del INRA”, afirmó Cochamanidis

El lider cívico sostuvo que en años anteriores se registraron incluso secuestros de policías y civiles, señalando que los avasalladores actuaban con conocimiento y apoyo de autoridades del INRA, quienes proporcionaban planos y datos de las propiedades, señaló.

En este contexto, Cochamanidis insistió en la necesidad de recuperar las competencias autonómicas del departamento, argumentando que esto permitiría que el gobernador tenga control directo sobre autoridades policiales, fiscales y del INRA, evitando conflictos de intereses y garantizando la seguridad jurídica de los propietarios.

“Si recuperamos nuestras competencias autonómicas, el gobernador podrá dar órdenes al comandante de la policía departamental, al director del INRA y al fiscal de distrito. Esto evitará extorsiones y garantizará que la tierra tenga dueño y se respete la propiedad privada”, subrayó.

Como parte de la denuncia, el Comité Cívico ha entregado documentación detallada a la justicia, incluyendo dos libros con nombres, apellidos y teléfonos de más de 200 personas involucradas en los avasallamientos, los cuales fueron entregados a la jueza Claudia Sánchez, responsable del caso de Patujú. La información también fue presentada ante el fiscal a cargo de la investigación.

“Estos documentos contienen pruebas que permitirán identificar a los responsables y sancionar a los corruptos. La ley debe cumplirse y quienes cometen delitos deben responder por sus actos”, señaló Cochamanidis.

El dirigente concluyó enfatizando que la propiedad privada y la libertad de los productores deben ser respetadas, y reiteró la urgencia de implementar mecanismos legales y administrativos para proteger a los ciudadanos frente a los avasallamientos y la corrupción.